Suspensión de clases: tres desafíos para la política educativa, las familias y los medios de comunicación
La efectividad de la suspensión de clases decidida por el gobierno nacional como estrategia frente a la expansión del Coronavirus será evaluada por los/as epidemiólogos una vez transcurrida. Al día de hoy constituye una medida que reinstala la centralidad de la conducción política del sistema educativo en el gobierno central, frente a un conjunto de anuncios previos que dibujaban un mapa y reforzaban un sistema centrífugo donde cada instancia podía decidir por su cuenta: escuelas privadas que suspendían clases hasta nuevo aviso; universidades que hacían lo mismo resguardadas en su autonomía, y provincias que casi sin casos decretaban la suspensión de la escolaridad. Un sistema fragmentado y con dudosa capacidad de ser conducido aparecía como un problema social y político que se acumulaba con la declaración de la pandemia, porque reforzaba la sensación de que las soluciones eran parciales, aleatorias, sectoriales y sin consenso del conjunto de los actores responsables, justo cuando se estaba necesitando lo contrario. Visto desde el gobierno de los sistemas educativos, la decisión refuerza la autoridad central y puede contribuir a apaciguar los temores sociales.
Tres desafíos son los que enfrentan ahora las autoridades nacionales, provinciales, municipales, universitarias y las direcciones escolares: prepararse para un escenario que puede llegar a tener una durabilidad de varios meses por delante.
El primer desafío es asegurar las condiciones materiales y tecnológicas para las dos alternativas que se harán inminentes en menos de 15 días: retomar las clases o continuar la suspensión. Las asignaciones presupuestarias extraordinarias dispuestas por el gobierno nacional deberían orientarse hacia a) la provisión de los insumos sanitarios básicos del que carecen buena parte de las escuelas: jabón, alcohol en gel, etc.; b) recursos tecnológicos que posibiliten algún tipo de sostenimiento de la relación pedagógica a distancia (como la plataforma “Seguimos Educando” que se está implementando); c) el aseguramiento de la política de alimentación y de comedor escolar mediante viandas y otras estrategias que eviten la reunión de personas. Los primeros son necesarios si las clases se retoman. Los segundos son fundamentales si la suspensión continúa. Los terceros imprescindibles en cualquiera de los dos escenarios. Si bien la gestión del gobierno nacional parece ir en este sentido, los reflejos y recursos provinciales son desiguales, y van a requerir mayores soportes y capacidad de conducción del sistema para asegurar que las condiciones materiales, tecnológicas y alimentarias lleguen a las instituciones escolares y a los/as estudiantes. Los sistemas de educación a distancia desarrollados por las universidades proveen una plataforma que asegura mejores condiciones de partida que las que se ven en el resto de los niveles educativo. Posibles alianzas entre los sistemas de educación a distancia universitarios y las provincias, al menos para resolver cuestiones relativas al resto de los niveles educativos, podrían ser estrategias a explorar, además de los soportes ya existentes a nivel nacional (Educ.ar, Encuentro, PakaPaka, TVPública, etc.).
El segundo desafío es la coordinación del sistema educativo con los de cuidados y los circuitos de sociabilidad: suponer que niños/as y adolescentes circulan exclusivamente entre la casa y la escuela es desconocer la trama social, barrial, de clubes y otras instituciones en que transcurre su vida cotidiana. De poco sirve desconcentrar la presencia de niños/as en las escuelas, si van a pasar el resto del día en un club de barrio o concentrados en otro espacio. Hay medidas a tomar en ese sentido, que otorguen efectividad a la política de distanciamiento social, como la que estarían tomando algunas federaciones de clubes. La coordinación de licencias familiares constituye otro eje que posibilite el cuidado de los niños y niñas, sobre todo, para que el mismo no recaiga donde siempre lo hace: entre las hermanas mayores del grupo familiar, aunque sean niñas. La medida de distanciamiento social recomienda que los cuidadores no sean los integrantes de mayor edad en el grupo familiar. El gran porcentaje de empleo no registrado es un problema para pensar la política de cuidados en situaciones no pandémicas. Ahora lo es aún más.
El tercero es acompañar a los grupos familiares y sobre todo a niños, niñas y adolescentes en un proceso dificultoso, que requiere la conducción de las ansiedades sociales hacia un punto de ¿equilibro?: si el riesgo de la paranoia está latente en los adultos/as, ¿por qué no lo estaría en niños y niñas? Si no se cuenta con la escolaridad cotidiana, será más dificultoso el sostenimiento de vínculos pedagógicos que otorguen a los más pequeños mayor seguridad y hagan tolerables las incertidumbres. Al mismo tiempo, la presencia del temor -ya sea al contagio, a la persecución penal y/o multa- es una política necesaria para la regulación de los comportamientos de la población. En este sentido, la política de “temor solidario” que entiendo quiere instalar el gobierno es una narrativa que puede ser interesante pero requiere conducción y revisión constante, extendiendo la idea de responsabilización individual y colectiva por los cuidados de otros y el cuidado de sí mismo, sin dejar de nombrar los riesgos de salud, penales y económicos en danza. La pedagogía del cuidado que a menudo está presente cuando se trabaja educación ambiental y vial en las escuelas –donde los niños y niñas terminan asumiendo una posición de control sobre las prácticas adultas- son antecedentes para mirar y actualizar frente a la pandemia, porque ubica a los más pequeños en un rol protagónico para la modificación de los comportamientos. El desafío es pensar cómo sostener esa pedagogía de modos “virtuales” mientras se interrumpe la presencialidad.
La responsabilidad de los y las comunicadores/as sobre cómo se transmiten las noticias y se narra la experiencia colectiva que estamos atravesando, al igual que el modo en que se realizan los anuncios oficiales (seguridad, centralidad de las decisiones, fundamentación y claridad) son claves para la efectividad de las políticas implementadas.
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