Vouchers a la criolla

El 20 de marzo pasado se hizo público el Programa de Asistencia “Vouchers Educativos” destinado a brindar ayuda económica a las familias que envían a sus hijos a escuelas de gestión privada en los niveles educativos obligatorios. La condición para acceder a este beneficio es asistir a una escuela que cuente con el 75% de subsidio estatal y cuya cuota mensual sea menor a $54.396; asimismo los padres deben percibir un salario menor a siete veces el salario mínimo. El voucher cubre un porcentaje del arancel de la jornada y, según las estimaciones oficiales, la población de alcance es de 2 millones de estudiantes que asisten a 6000 escuelas (casi la mitad de las escuelas de educación privada del país, según los datos oficiales de 2022).

Luego de los anuncios de campaña del presidente Javier Milei este es un primer paso que podría oficiar como un laboratorio para transformar el mecanismo de financiamiento del sistema educativo. Como es sabido, los vouchers cambian el financiamiento de la oferta educativa y se pasa a financiar la demanda a través de la asignación de un monto de dinero que se entrega a las familias para que destinen a la escuela de su preferencia.

En este programa anunciado no estamos ante un “voucher” en su versión clásica porque el Estado continúa financiando por un lado a las instituciones con un subsidio, y por el otro, brinda un recurso económico adicional a las familias para que se mantengan en la misma escuela ante la crisis económica que afecta la posibilidad de afrontar el pago. En sentido estricto, la iniciativa no se trata de un “voucher”, sino que es una asignación de recursos que implica un doble esfuerzo financiero para el Estado. Un voucher a la criolla que representa una ayuda económica doble: a las familias y a las instituciones para evitar la fuga de matrícula y los riesgos de cierre por vaciamiento de cursos.

Toda medida de política educativa responde a determinados objetivos y produce también efectos, debido a que la educación por su carácter sistémico se ve afectada cuando algunos de sus engranajes se modifican. Me interesa colocar la atención en al menos uno de los efectos de esta medida. Financiar la oferta y la demanda simultáneamente de este segmento de la población, que en el anuncio oficial es identificada bajo el lema “vouchers educativos para la clase media”, tiene como propósito alentar desde el Estado que la fragmentación existente en la educación, que se ha iniciado a partir del momento en que los sectores medios se han retirado progresivamente del sistema estatal (proceso iniciado en los años 60) se refuerce por un nuevo accionar del propio Estado. En realidad, esta última intervención estatal es lo nuevo que vemos bajo el sol, pero la falta de incentivos para balancear la distribución de los alumnos en las escuelas, junto con los subsidios otorgados por el Estado y los procesos de elección familiares han permitido llegar a este sistema educativo fragmentado que hoy tenemos, en donde las escuelas son cada vez más heterogéneas entre sí y más homogéneas internamente.

La proclama del reciente gobierno no es cambiar este orden de las cosas, al contrario, la búsqueda es que cada cual pueda elegir en un “libre mercado educativo”. El problema a corto y mediano plazo es que la escuela es la institución que permite forjar cohesión social y es legítimo preguntarse cómo se logrará esto si la política estatal incentiva y refuerza que la socialización sea solo entre iguales.

Un dilema que desde ya antecede y trasciende a este gobierno, pero que esta medida da una señal muy contundente hacia dónde se está proyectando el destino de la educación argentina.

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Sandra Ziegler es investigadora del Programa Educación, Conocimiento y Sociedad, y directora de la Maestría en Ciencias Sociales con orientación en Educación de FLACSO Argentina.

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